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Monopolios y competencia

Fuente: Este Pais

Este dossier ha sido fraguado durante algunos meses. El número de colaboradores nos obligó a reducir el espacio para sus textos, por lo que sometimos a consideración de nuestros invitados varias preguntas. ¿En qué medida los monopolios representan un obstáculo para el crecimiento económico? ¿Son inevitables e inherentes al proceso de innovación en el desarrollo en una economía? ¿Hasta dónde pueden regularse sólo los monopolios privados, sin regularse los públicos? ¿Pueden aislarse de la competencia interna y externa en una economía globalizada? ¿Cuál es la trascendencia de la iniciativa presidencial? ¿Merece ser considerada una reforma estructural? ¿Cuáles serán los puntos neurálgicos para la aprobación de esta iniciativa? ¿Cómo resultan afectados los grupos de intereses y su resistencia previsible? El dossier va precedido de un texto de Federico Reyes Heroles y Francisco Suárez Dávila en el que se sitúan algunos de los puntos más importantes de la discusión.

Esperamos que este conjunto de opiniones divergentes contribuya al debate sobre monopolios y competencia, un tema crucial para el desarrollo económico del país.

Los monopolios, el desarrollo económico y las nuevas reformas

FEDERICO REYES HEROLES
FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA

El tema de los monopolios ha sido siempre uno de los más polémicos en la historia del capitalismo moderno y de las doctrinas económicas. Su discusión en México ha subido de intensidad, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones, y cobra especial vigencia a raíz de la reciente iniciativa presidencial.

La iniciativa debe desencadenar un debate de fondo y serio en la sociedad mexicana. En apoyo del proceso legislativo, la revista Este País ofrece un conjunto de contribuciones de algunos de los mayores expertos de la materia.

En el debate de las ideas económicas, Adam Smith, el fundador de la economía y del liberalismo económico, se oponía claramente a los monopolios como el enemigo de la “libre competencia”.

Alertaba en la Riqueza de las naciones: “los comerciantes de la misma actividad, casi nunca se reúnen, aunque sea por alegría y diversión, sin que la conversación concluya en una trama contra el público o en una conspiración para elevar los precios”. Con posición opuesta, está otro de los grandes economistas, Schumpeter, uno de los defensores del papel fundamental del empresario en el desarrollo económico. Él ha expresado que los monopolios u oligopolios, las grandes empresas dominantes, han sido consustanciales al proceso de evolución del capitalismo moderno, porque han sido las que han podido impulsar el proceso de innovación.

En Inglaterra, el imperio se construyó sobre un monopolio privado, el de las Indias Orientales, que administró la India. El fenomenal desarrollo industrial de Estados Unidos en la última parte del siglo XIX, no se entiende sin el papel que jugaron los monopolios formados gracias a las innovaciones y fusiones voluntarias o agresivas, los famosos trusts, que se confunden con el big business –las grandes empresas. La primacía industrial que alcanza Estados Unidos fue impulsada por los llamados robber barons, los agresivos monopolistas Vanderbilt, Gould, Rockefeller, Morgan, Carnegie, que dominan la industria del acero, los ferrocarriles, el petróleo y la banca.

En Estados Unidos, presidentes populistas, como Jackson, enarbolaron la causa de los pequeños empresarios y los agricultores contra el big business. La concentración llegó a alcanzar niveles exagerados.

Fue hasta 1901 cuando llega a la presidencia Teodoro Roosevelt, que se fortalece el gobierno y se aplica contra los monopolios la Sherman Anti Trust Act, de 1890, que había permanecido como letra muerta. No sólo en México hay leyes que no se aplican contra los intereses poderosos. Así se demanda a la Suprema Corte que actúe contra el gran monopolio de la Standard Oil, de John D. Rockefeller.

En 1911 la decisión de la Corte es romper la Standard en ¡30 compañías! Como un caso de aplicación de la ley que va contra las realidades, el resultado es que se duplica el valor de las acciones de las nuevas 30 compañías y ¡Rockefeller se vuelve el doble de rico!

En el continente europeo prevalecen ideas diferentes hasta el siglo XX. Los gobiernos de los grandes países alentaron y protegieron los monopolios industriales por razones estratégicas para industrializarse y para competir con los anglosajones. Así se inicia la filosofía de los campeones nacionales que hay que defender, como lo ha hecho Francia con gran entusiasmo hasta el momento actual, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea. Lo mismo pasa históricamente con Japón y Corea, con los zaibatsus y chaeboles.

El artículo 28 constitucional inicia en forma tajante: “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuesto en los términos y condiciones que fijan las leyes.”

Ésta fue, ante todo, una firme respuesta de apoyo popular contra los abusos de precios de “los acaparadores” de productos básicos. La Ley Orgánica de este artículo es de 1934. La actual Ley Federal de Competencia es de 1992, con importantes reformas en 2006. Ha sido tan letra muerta como la Ley Sherman.

En México hay un debate con nombre y apellido; con ropajes ideológicos. Cada quien defiende sus intereses. Desde luego, lo hacen los propios monopolios y oligopolios. Pero, por lo menos en algunos casos, son los agentes de grandes empresas transnacionales que quieren romper monopolios para dar lugar a la entrada de empresas extranjeras, no para bajar precios o innovar, sino para entrar a un mercado con iguales prácticas. Los cálculos del impacto de precios monopólicos en algunos sectores son muy cuestionables, ya que éstos obedecen a muchas causas.

Este tema tiene muchas facetas que deben desenmarañarse. Parte del problema en México se deriva de una privatización pésimamente ejecutada. Los monopolios públicos se convirtieron en monopolios privados, mal regulados. El peor de los mundos. Nuestros monopolios no van de la mano con la innovación schumpeteriana, que podría justificarlos. Pero esto también es un problema de buena parte de nuestro empresariado.

Otros casos posibles de prácticas monopólicas se vinculan con las fusiones para ampliar el poder de mercado. En las crisis, éstas proliferan y se justifican. Así se ha autorizado la fusión de British Airways con Iberia y muchos otros. En México, el gobierno cometió el error histórico de no permitir la fusión de Banamex con Bancomer, cuando eran mexicanos, ¡porque se creaba un monopolio! ¿La apertura económica no cambia la naturaleza del debate? En Finlandia Nokia tiene un peso económico monopólico abrumador, pero está abierta más o menos a la competencia europea. En cambio, una forma unánimemente objetable de práctica monopólica son los acuerdos entre compañías para controlar o aumentar precios.

Otro problema diferente es el de los monopolios públicos que, en general, se justifican en algunas actividades por la experiencia histórica y por la doctrina económica, salvo la más conservadora. Hay servicios que deben ser monopolios públicos, como el de emisión de un Banco Central, como el Banco de México, que nadie cuestionaría. Algunos persiguen objetivos fiscales, como el alcohol en Canadá.

Las Comisiones Reguladoras que han sido creadas en México, con frecuencia han sido capturadas por grupos de interés, con excepción de la que en general ha mantenido su prestigio, la de competencia.

Esta temática de contenido más amplio, en general no ha sido objeto de un debate serio y objetivo en México.

Requerimos avanzar hacia un sistema moderno institucional y legal, que actúe eficazmente contra monopolios nocivos y que estimule la competencia y la innovación. La nueva iniciativa tiene elementos valiosos.

Algunas son reglas para establecer un mejor procedimiento para investigar y actuar contra conductas anticompetitivas, y dar también a los acusados la posibilidad de defenderse. Actualmente la Comisión es investigador, juzgador y sancionador. Pero es de destacarse la decisión de establecer procesos eficientes para evitar los litigios largos; darle una mejor organización a la Comisión; mejorar la transparencia de su actuación; crear una Sala en el Tribunal Fiscal y Administrativo para apelación; reconocer el principio de que la Comisión tiene que tener “dientes” y establecer sanciones. Pero todavía hay temas cuestionables de fondo.

La ley no debe servir para amarrar y sobrerregular todavía más a la actividad empresarial o frenar procesos legítimos de las empresas para competir mejor internacionalmente; debe posibilitar economías de escala más eficientes y crecer.

Una buena regulación es necesaria. Pero hay una preocupación fundamental, pues el problema, con frecuencia, no son los monopolios, sino la debilidad del Estado mexicano que ha permitido que algunos de ellos adquieran poder por encima del propio Estado. Y este problema no lo resuelve ninguna ley.

 

Rolando Cordera
Profesor emérito y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM

Las relaciones entre competencia monopólica y crecimiento, en particular crecimiento de la productividad, han preocupado a los economistas en toda la historia desde Adam Smith y eso me parece bueno decirlo no por un prurito académico, sino para llamar la atención al hecho de que se trata de una discusión no concluida y, consecuentemente para fines de política específica pública como le llaman, y para fines de una toma de posición que lleve, incluso, una legislación es menester asumir esto y no proponerle al público relaciones unívocas del tipo de “los monopolios son un obstáculo de crecimiento”.

Pueden serlo, pero no siempre. Para hablar con más precisión es necesario hablar de oligopolios en que es la expresión contemporánea de la primera mitad del siglo, antes de los años 40, los economistas ingleses y luego los americanos le llamaron la “competencia imperfecta”.

Los oligopolios definen el panorama económico moderno. Y son producto de la evolución capitalista. ¿Qué podemos decir a este respecto? Que en ciertas circunstancias de mercado y de desarrollo tecnológico es difícil imaginar que la competencia, por ella misma, auspicie el desarrollo tecnológico y la innovación. Hay quienes piensan que demasiada competencia puede inhibir la innovación y que cierto tipo de rentas monopólicas, como se le llama en la jerga técnica, son necesarias para estimular la innovación que luego va a dar lugar a nuevas formas de competencia.

Pero si de lo que se trata es de contrastar una situación universal –la de la presencia de grandes empresas, conglomerados que dan lugar a diferentes conductas oligopólicas– con una competencia perfecta, que en realidad nunca existió en ninguna etapa del capitalismo, pues está equivocando la discusión.

Yo diría, primero, que imaginar un capitalismo sin grandes empresas cuya capacidad de innovación y su presencia en el mercado las lleva a ser las líderes en todo esto que se llama “la innovación y el desarrollo tecnológico”, pues es no solamente difícil sino ilusorio, y puede dar lugar a imágenes políticas que, esas sí, pueden ser contradictorias con la idea de un desarrollo económico moderno.

Esta idea de un mundo de pequeños y medianos estanquillos y comercios dio lugar, en algún momento en la triste historia del siglo XX, a movimientos muy reaccionarios en contra del Estado, en contra del gobierno y desde luego en contra del sindicato y de la equidad social. Allí estamos en un terreno en el que la discusión sigue y seguirá.

El tema más importante es: cómo hacer para, a través de la política del Estado, que participen activamente en el proceso de acumulación de capital, de inversión y, en la medida de lo posible, en el proceso de desarrollo tecnológico, adaptación de la tecnología global e innovación.

Si la respuesta es que sólo a través de la competencia se va a lograr eso no me parece satisfactoria ni convincente porque si hablamos de competencia entre oligopolios habría que calificarla. Competencia entre oligopolios, puede ser. Competencia perfecta, me parece una ilusión y los actuales cruzados antimonopolios no precisan y llegan al grado de llevar a uno a pensar que hay monopolios buenos y monopolios malos.

Creo que lo que hay son oligopolios y para ellos hay que tener una verdadera capacidad estatal de regulación y de convocatoria a estas grandes empresas para que se inscriban en un proyecto de desarrollo, como ha ocurrido en otros países como Corea, o Brasil.

Otra cuestión que se olvida es que en realidad nuestra economía y particularmente nuestra economía industrial casi desde los orígenes se configuró como una economía oligopólica muy concentrada con la presencia de unas cuantas grandes empresas que tienden a concentrar buena parte de la fuerza de trabajo del valor de la producción y desde luego de las ganancias.


El grave problema que tenemos en este panoramaes que parece haberse cumplido la lamentable  profecía de Vicente Fox que dijo que “el futuro de México era su changarrización”.

Lo que hay que asumir es que esa changarrización de miles y miles de establecimientos económicos, industriales, comerciales y de servicios, lo que ha implicado es el abatimiento de la productividad y no ha traído consigo ni más equidad ni mucho menos innovación tecnológica.

Pensar que Pemex está aislado de una economía globalizada es un equívoco. Pemex tiene que competir en el mercado petrolero mundial. Telmex tiene que competir en el mercado mundial, y particularmente latinoamericano, de las telecomunicaciones y lo hará con más o menos éxito en la medida en que tenga tamaño, capacidad de inversión, de renovación de su planta y de inversión en desarrollo tecnológico y en investigación.

Por otro lado, la pregunta parte de una visión ideológica.

Creo que los monopolios públicos se determinan políticamente por razones estructurales, históricas o por contingencias importantes. Hablar de Pemex como monopolio público da lugar a mucha confusión. Si fuera un monopolio capaz de fijar sus precios de los productos que compra y determinar los salarios sería distinto, pero lo que tenemos es un monopolio filantrópico que tradicionalmente ha cedido una buena parte de sus ganancias al Estado para coadyuvar a la falta de reforma fiscal en México.

Claro que se puede regular a la economía y a sus grandes figuras oligopólicas y se puede y debe regular a las grandes empresas públicas que responden, en nuestro caso, al mandato constitucional de áreas exclusivas.

Esta regulación tienen que venir del Estado y lo que deberíamos buscar es que no sea una regulación para restarle capacidad de desarrollo a las grandes empresas, como ha ocurrido; que auspicie su expansión y al mismo tiempo que sea transparente y dé lugar a una cierta, y cada vez más equitativa, redistribución de la renta, en lo que toca al petróleo. Pero mal o bien estas empresas han estado reguladas, pues forman parte del presupuesto de egresos de la Federación desde los años sesenta y están sometidas al escrutinio de la Cámara de Diputados y de sus órganos técnicos. La Secretaría de Hacienda participa directamente en la fijación de los precios y las tarifas. Creo que la determinación de precios y tarifas del sector público que son referentes, básicamente, a los productos de Pemex y de la CFE, son decididas en la Secretaría de Hacienda y no siempre en base a criterios de expansión y desarrollo de las empresas sino en base en criterios recaudatorios y esto les ha hecho daño a las empresas en su imagen y en su capacidad de inversión.

En el caso de las grandes empresas privadas, que yo llamo oligopolios, con gran poder en el mercado, tenemos un problema adicional que por la ineficacia de la regulación o por las omisiones regulatorias tienden a convertirse no sólo en grandes factores de poder económico sino en elementos de poder político que no pasa por el marco constitucional ni legal. En este aspecto debería seguir una verdadera capacidad regulatoria en el orden político que debería ubicarse, me parece, en el IFE o en otros mecanismos de vigilancia y control.

Pero la gran cuestión de la vida moderna es la traslación, sin mediaciones institucionales en muchos casos, del poder económico al poder político, además de que el poder económico permite influir sobre la determinación de los precios, tanto de los productos que se venden como los que se compran, incluyendo el precio de la mano de obra y, eso afecta no sólo a los consumidores, como dice el discurso de la Cofeco, afecta a los proveedores de estas industrias y a los trabajadores que ven mermado su poder real de negociación aunque sean sindicatos.

No es una reforma estructural sino institucional, que modifica las capacidades de acción, de intervención de la Cofeco. Espero que esta nueva legislación lleve también a una mejor transparencia en cuanto a los modos como se delibera y se decide en la propia Comisión y las capacidades que tengan los afectados por sus decisiones para recurrir a otras determinaciones.

Bienvenida una capacidad de intervención del Estado para regular a los grandes poderes económicos siempre y cuando se haga con el espíritu doble de evitar el ejercicio indebido de las capacidades económicas concentradas y su traslación hacia la política y, por otro lado, evitar que la legislación se convierta en un freno a la innovación, a la inversión y a la expansión de grandes empresas que son requeridas para la competencia global.

A las grandes formaciones económicas no les gusta que se hable de regulación. Creo que la capacidad mayor imaginable de esta Comisión y similares será insuficiente si no hay mecanismos para balancear este poder de las grandes corporaciones.

En Estados Unidos se inventó esta idea de contrabalance proveniente de la organización del Estado, que es lo que se está buscando aquí, pero también de la organización social.

El mejor balance del poder de las corporaciones, y que se convirtió en un balance redistributivo en Estados Unidos por un buen rato, fueron los sindicatos que lograron mejores condiciones de trabajo e incidieron en una redistribución insólita del ingreso que tuvo lugar en Estados Unidos durante buena parte del siglo XX y duraron hasta que vino la revolución neoliberal.

Se ha insistido mucho en el discurso antimonopólico actual, en equiparar monopolio público con privados y ambos con sindicatos. Esto me parece un error garrafal.

No se puede homologar la concentración del poder económico de los oligopolios con la capacidad de defensa colectiva de los trabajadores.

Podemos introducir todas las regulaciones que querramos, sobre todo en aras de hacer valer la defensa y promoción de los derechos humanos, en este caso los derechos laborales, contra las formaciones de poder dentro de los sindicatos, las mafias sindicales, etc.; pero equiparar al sindicato con el monopolio privado me parece un exceso y desvía la atención del asunto principal: en México vivimos un enorme desequilibrio entre el poder privado concentrado y un poder social muy disgregado y muy debilitado y eso le hace mal a la economía y a la política. (Jorge de Luna.)

 

Carlos Elizondo Mayer-Serra

Los monopolios extraen rentas a los consumidores, es decir, venden los bienes y servicios que producen a un precio mayor del que tendrían en un mercado competitivo. Esto reduce el bienestar del consumidor y encarece la producción, dado que las empresas también son consumidoras.

Las empresas dominantes venden caro porque pueden. El consumidor no tiene opciones. Estas empresas no tienen que competir con precio y calidad.

Después de la apertura comercial, disminuyó la capacidad de los productores de imponernos precios altos, en la medida que se pueden importar muchos de estos bienes. En algunos casos, sin embargo, la capacidad de distribución de la empresa dominante, como en el pan industrializado o en los refrescos, o el costo de transporte, como en el caso de la varilla, ha permitido que las empresas dominantes mantengan la capacidad de imponer precios superiores a los de sus contrapartes en mercados más competitivos. En el caso de los servicios no podemos, en general, importarlos. Es por ello que en estos sectores una empresa dominante tiene mucho mayor poder.

Hay muchos ejemplos de esta capacidad de nuestros agentes dominantes de imponernos un precio alto. El impuesto a la televisión de paga, por lo menos en la ciudad de México, fue transferido completito y copeteado al consumidor por las dos empresas dominantes, que son del mismo dueño.

Lo mismo sucedió con el impuesto a la cerveza y al tabaco en todo el país.

Dada la presencia de actores dominantes en tantos sectores, a pesar de la profunda recesión del año pasado, tuvimos una mayor inflación que en Estados Unidos. En un país con fuerte competencia, una caída en la demanda dificulta subir precios. Incluso obliga a bajarlos. Cuando una empresa puede establecer las condiciones del mercado, el precio de sus productos no cae, pues puede pasarles a sus clientes o consumidores cualquier incremento en sus costos.

El único monopolio deseable es el que proviene de un invento o un desarrollo tecnológico. Una patente, como lo reconoce nuestro artículo 28 constitucional, es un monopolio temporal permitido dado que estimula la creatividad. Los empresarios más destacados en Estados Unidos suelen estar asociados a un invento, desde el Ford T a Windows y Kindle. En México, éstos suelen estar asociados a una empresa dominante por su gran peso o control de una red, no por haber inventado algo.

En el proceso de desarrollo de un sector hay varias razones por las cuales pueden surgir actores dominantes o incluso monopólicos. Existen las llamadas economías de escala, es decir, a un volumen alto de producción los costos por unidad son más bajos en muchos sectores. Además, en todos aquellos sectores que dependen de una red física (telefonía, electricidad) o de una red de distribución, las empresas dominantes pueden imponer sus condiciones.

La tarea de la autoridad es evitar que éstas impongan condiciones de precio y acceso que vayan en contra de la competencia y, por tanto, del consumidor. Para ello se requiere una agencia reguladora fuerte. No tanto para que sancione, aunque debe poderlo hacer para que le crean, sino para que disuada a las empresas de seguir estas prácticas.

Uno de los mayores problemas que tenemos para ser competitivos es la ineficacia de los monopolios de las empresas energéticas propiedad del gobierno y donde los privados están impedidos de participar.

Éstas le cuestan una fortuna al fisco. Los costos son directos cuando se les hacen ransferencias fiscales, el caso extremo era Luz y Fuerza del Centro, o cuando se obtiene una menor renta petrolera, dadas las ineficacias en la operación, como en Pemex. A esto hay que sumar una absurda política de subsidiar los precios de la gasolina, el diesel y la electricidad para la mayoría de los hogares, lo cual lleva a un costo fiscal que pagamos todos. Peor aún, para la economía en su conjunto, el sector industrial paga precios en electricidad muy superiores a sus competidores, incluso respecto a Estados Unidos.

Se requiere una apertura agresiva de este sector, el modelo brasileño es un buen ejemplo de lo que se puede detonar con una reforma en este sentido. Sin embargo, se tiene que fortalecer también a la Comisión Reguladora de Energía, dado que, aún si se abriera el sector, las empresas del gobierno tendrían una posición dominante que debe ser acotada.

La iniciativa presidencial acerca nuestra regulación en materia de competencia a las mejores prácticas internacionales. Hay dos temas centrales: subir el monto de las multas y volver asunto penal colusiones evidentes entre productores. Sería, sin duda, una reforma que cambiaría la estructura de nuestra economía al propiciar una mayor competencia. Para tener un mayor impacto debe acompañarse de reformas en las otras agencias reguladoras, las sectoriales y también deben considerarse reformas en materia laboral.

Una mayor competencia, a través de precios más bajos en los bienes y servicios, puede ser más importante para el ciudadano que un aumento en sus ingresos. Una reforma como la propuesta puede detonar precios más bajos en muchos sectores, con lo cual también mejora la competitividad de nuestra economía.

Los afectados van a buscar frenar, o por lo menos diluir, los cambios. En el ánimo de diluirla se habla mucho de que nuestra comisión de competencia no puede ser juez y parte, por lo cual se debe buscar un mecanismo de control en el interior de la misma. Se trata de una crítica mañosa. Todas las agencias del gobierno, desde el SAT hasta los inspectores de salud, tienen que acatar la ley, pero requieren una cierta discrecionalidad para actuar. Si se exceden, para eso están la justicia administrativa y el poder Judicial. En México, además, está un recurso particularmente poderoso y capaz de frenar el brazo regulador del Estado en casi todos los ámbitos: el juicio de amparo.

Todo indica que algunos sectores dentro del PRI van a buscar aprovechar la reforma para buscar una Cofeco constitucionalmente autónoma. Esto corre el riesgo de sobrepolitizar el nombramiento de sus titulares y su propia operación (como en el caso del IFE), así como quitarle coherencia a la administración pública, como en el caso de la Cofetel. Si bien ésta no es autónoma constitucionalmente, se le dotó de un margen de independencia que dificulta una política coordinada en el sector. Basta, y muchas veces sobra, que sean autónomas en el sentido de ser capaces de cumplir un mandato incluso cuando eso afecte al más poderoso de todos los actores, como estamos viendo en Estados Unidos con la demanda de la SEC a Goldman and Sachs.

El equilibrio en el que estamos, con reformas pendientes o diluidas, se explica por la poca fuerza de quienes ganarían con este arreglo: casi todos los ciudadanos.

En materia de competencia, los perdedores del actual estado de cosas somos todos aquellos que no tenemos el poder de fijar arbitrariamente nuestros precios, sino que simplemente competimos con otros en los distintos mercados.

En una democracia, nuestros representantes populares deberían ser más sensibles a las mayorías, como somos los consumidores, que a los grupos de interés ganadores con una autoridad de competencia débil. Nuestros legisladores tienen la oportunidad de mostrar con claridad de qué lado están.

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16 de Octubre de 2014 — NEZAHUALCOYOTL, Méx., octubre 16 (EL UNIVERSAL).- En lo que va del año la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sido denunciada ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por más de 26 mil usuarios por cobros indebidos, siendo la empresa en el país que más quejas ha recibido, dijo la titular de la Profeco, Lorena Martínez Rodríguez.

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13 de Octubre de 2014 | CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — Los clientes que requieran factura electrónica de sus consumos deben tener la posibilidad de generar sus comprobantes fiscales al pagar en caja, a través de un quiosco o del portal web del establecimiento.

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15 de Octubre de 2014 — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó un criterio general en relación a las quejas por el contrato de la empresa de televisión satelital SKY, filial de televisa, al considerar que diversas cláusulas en los contratos de adhesión celebrados con sus suscriptores incluye "condiciones desproporcionadas, inequitativas o abusivas".

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17 de Octubre de 2014 — Los clientes afectados por las cláusulas “abusivas” del servicio de televisión satelital Sky tienen el derecho de pedir una indemnización de la empresa, por ejemplo, en el cobro indebido que realizó por la renta del decodificador o por penalizaciones al cambiar su forma de pago de tarjeta a efectivo, aseguró la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco).

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15 de Octubre de 2014 — El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó las tarifas de los servicios que Telcel ofrecerá a sus clientes en su calidad de Agente Económico Preponderante (AEP) en el sector de telecomunicaciones.

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ME ESTAN COBRANDO X 2 CONTRATOS. YA VINIERON A VERIFICAR Y NO SE ARREGLA EL PROBLEMA ES
UN ERROR DE ELLOS,

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Buen dia, les escribo por que estas compañias simpre cobran lo que quieren y nunca les hacen nada. no hay un organizmo que este regulando los servicios que se otorgan. Ellos ponen servicios que nunca te indican a la hora de contratación. Y cuando quieres quitarlos el proceso es demasiado tardado. Mi plan es de 499 iva incluido, pero da la casualidad que siempre me cobran mas de 700 pesos quesque excedo el numero de mensajes enviados. La verdad pido un detalle de la linea y que creen? ese es un servicio que debes de activar por lo tanto te cobran. cuando es mi linea y se supone que debo de saber el detalle de la misma, pues resulta que para que suceda esto le debes de pagar a la empresa.

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Hola, gracias. La empresa telecable de zapopan ofrece 14 meses de servicio por pagar 12 meses a un sólo pago, así lo estibe haciendo por algunos años, tenía el servicio de TVE , telefonía e internet.,. El internet comenzó a fallar, ya que lo usamos para que mi hija se comuniqué a su empresa, no lo pudo hacer más a pesar de reclamos y orientaciones para componerlo. Bueno, al final contrate axtel con muy buena respuesta, cancelé telefonía e internet y cuando les pido que me reintegren lo pagado por ésos dos servicios y me dijeron que NO SE DEVUELVE DINERO, SE USARAN COMO PAGO PARA LOS SERVICIOS DE TV. ¿Se pueden quedar así o se podrían recuperar en efectivo? Gracias